Aspiazu cierra el Banco del Progreso y organiza “Marcha del guayaquileñismo”.

En la semana siguiente a las medidas de congelamiento, anun­ciadas a mediados de marzo, el banquero Fernando Aspiazu Seminario, dueño y principal ejecutivo del Banco del Progreso, solicitó un crédito al Banco Central del Ecuador. Este se lo negó, argumentando falta de garantías suficientes por parte del solicitante.

Frente a la respuesta negativa del Banco Central al crédito, Aspiazu cerró las puertas del Banco del Progreso el lunes 22 de marzo y dejó de pagar los depósitos a sus clientes. Acusó al Gobierno de perjudicar al banco, cuya sede central estaba en Guayaquil, para favorecer a bancos serranos y organizó lo que denominó una “marcha del guayaquileñismo”, que se dirigiría por la avenida 9 de Octubre a la Alcaldía de la ciudad para pedir el respaldo del alcalde (y expresidente del país) León Febres Cordero, quien era en ese entonces el líder político más poderoso y popular de la Costa.

En el televisor de mi oficina en el Palacio de Carondelet, y en compañía de la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, mirábamos a Aspiazu marchar en el centro de la primera fila, rodeado por varios dirigentes políticos de la provincia de Guayas y dirigentes de sectores empresariales de la ciudad, entre los cuales estaban Joyce de Ginatta, presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil 3, y Joaquín Zevallos, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

LA BATALLA CONTRA FERNANDO ASPIAZU, BANQUERO CORRUPTO

Las sedes de la Gobernación del Guayas y de la Alcaldía de Guayaquil se encuentran una junto a otra en el mismo edifi­cio. En las primeras horas del lunes 22 de marzo, y ante el anuncio de la marcha convocada por Fernando Aspiazu, en la oficina del gobernador, Guillermo Lasso, se congregaron el vicepresidente de la República, el ministro de Gobierno y otros ministros de Estado que habían ido a pasar el fin de semana a Guayaquil.

En las primeras horas de la mañana, miles de personas lle­naron la plazoleta frente al edificio de la Gobernación y la mul­titud seguía acumulándose en las calles de acceso a la misma. Se escuchaban afirmaciones que los depositantes del Banco del Progreso iban a capitalizar sus depósitos en lugar de retirarlos para defender al banco de los “ataques” del Gobierno a los bancos de Guayaquil.

Hace diez días”, pensé, “congelamos los depósitos y los créditos, y anunciamos la auditoría internacional simultánea y total del sistema financiero ecuatoriano. Sin embargo, la izquierda nos acusa de proteger a los banqueros. ¿Alguien puede explicarme cómo se puede proteger a los banqueros al ordenar su auditoría por parte de las mejores compañías en su campo alrededor del mundo, a través de un proceso coordi­nado con los organismos multilaterales de prestigio mundial, de cuya autonomía no puede dudarse, y vigilado por un supervisor independiente financiado por estos mismos organis­mos?”

Recordé que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en pleno protestó por el feriado bancario. “Si las deci­siones que tomé para contrarrestar la hiperinflación buscaban precisamente proteger a los bancos privados, ¿por qué enton­ces protesta la Asociación de Bancos? ¡Los que dicen que estoy protegiendo a los bancos son unos imbéciles! Las acusaciones de que el Gobierno protege a los banqueros son ridículas. Estamos haciendo todo lo contrario: ¡estamos iniciando un saneamiento serio del sistema y protegiendo a los depositantes!”.

¡Las acusaciones son tan absurdas! Algunos dijeron que hace diez días tomamos la decisión de congelar los depósitos y créditos para ayudar al Banco del Progreso. Apenas diez días después, Aspiazu cierra su banco porque no puede pagar depó­sitos, y él y la cúpula de Guayaquil que lo apoya están culpando al Gobierno por el cierre. ¿Dónde está la ayuda, entonces? Si hubiésemos querido ayudarlo, hoy teníamos la oportunidad dorada para hacerlo: envolvieron al banco en la bandera de Guayaquil y convirtieron el problema de un banco en un pro­blema político regional con riesgo de una guerra civil. Lo más fácil era ceder a la presión, pero lo más difícil era resistirla. Resistimos la presión y el banco sigue cerrado. ¿No es prueba más que suficiente de que el Gobierno actúa con independen­cia de los intereses de los banqueros?”.

Al final del día, el Banco del Progreso sigue cerrado y la vía a un acuerdo con el FMI sigue abierta. A pesar de que estábamos en desventaja, resistimos la formidable presión polí­tica que envolvió al Banco del Progreso y a su dueño en la ban­dera de Guayaquil como si fuesen la misma cosa. Si hubiera cedido a la presión política, el Banco habría seguido abierto y sin recapitalizarse, y se habría cerrado la vía con el Fondo. Gracias a Dios pudimos mantener la coherencia entre nuestros principios y nuestras acciones. El Señor me ha ayudado a ‘decir la verdad delante de los fuertes’, pero la pena es que pocos lo entenderán y no nos libraremos de los salvajes ataques de los politiqueros, de los que violan el precepto de ‘no decir menti­ras para ganarse el aplauso de los débiles’”.

Habíamos superado la presión social del primer día del cierre del Banco del Progreso, organizada por su propio dueño, Fernando Aspiazu, en Guayaquil. Lo que restaba ahora era lidiar con el problema de fondo: establecer en detalle la situación real del banco y elaborar un plan de acción para pro­teger a sus depositantes. Sin embargo, en los días siguientes vimos desde el Gobierno con angustia que el tictac del reloj de la bomba de tiempo económica seguía sonando ante la acumu­lación de tantos problemas.

El maniqueísmo ideológico y regional sobre la decisión de Banco Central de no conceder el crédito al Banco del Progreso continuó. Febres Cordero acusó al Gobierno de sacar dinero de bancos costeños para deposi­tarlo en bancos serranos y aseguró que había un manejo par­cializado de recursos públicos a favor de bancos quiteños.

Aspiazu, por su parte, continuó fiel a la estrategia que dice que “la mejor defensa es el ataque” e insistió en que había cerrado el banco por culpa del Gobierno y, en un gesto de espectacularidad mediática, se puso a sí mismo en situación de arraigado voluntario y entregó su pasaporte para demostrar que no abandonaría el país. Además, creó dos fideicomisos para la administración de sus bienes y ordenó que el canal de televi­sión de su propiedad, Sí TV, mantuviera en todos sus espacios noticiosos una feroz campaña negativa contra el Gobierno.

La Superintendencia de Bancos y Seguros y el Banco Central del Ecuador sometieron al Banco del Progreso a audi­torías especiales realizadas por empresas nacionales antes de la llegada de las auditorías internacionales anunciadas a inicios del mes. Empezó a regarse la noticia de que la quiebra del Progreso se debía a que había sobrepasado en 200 % el límite legal de créditos vinculados, es decir, de créditos concedidos a los accionistas del banco.